En los últimos días, el nombre Rincón Bay ha
vuelto a escucharse con fuerza en Samaná. Se menciona en conversaciones de
calle, en publicaciones de redes sociales y en declaraciones oficiales que
hablan de grandes inversiones, de desarrollo, de futuro. Cuando algo de esta
magnitud comienza a sonar con tanta insistencia, uno siente la responsabilidad
de detenerse, mirar con calma y preguntar con respeto, pero con firmeza.
Rincón Bay se presenta como un proyecto turístico–inmobiliario de gran escala en la zona de Playa Rincón, en Las Galeras, uno de los espacios naturales más valiosos que tiene la República Dominicana. Un lugar que no necesita adornos para ser extraordinario y que, precisamente por eso, exige un nivel mayor de cuidado, información y transparencia cuando se habla de intervenirlo.
En escenarios internacionales del turismo, el ministro David
Collado ha mencionado este proyecto como parte de una apuesta estratégica
para Samaná, vinculándolo al empresario Abraham Hazoury, figura
ampliamente conocida por desarrollos de alto impacto como Cap Cana. Se han
citado cifras importantes, inversiones millonarias, marcas internacionales en
procesos de permisología y un nuevo momento para la provincia. Todo eso genera
expectativa. Es normal. Samaná lleva años esperando que su potencial se
traduzca en oportunidades reales.
Pero junto al entusiasmo, surgen preguntas que no son
negativas, sino necesarias.
¿Dónde exactamente se desarrollará el proyecto y bajo qué
figura jurídica están esos terrenos? ¿Quién figura hoy como propietario
registral? ¿Existe ya una licencia ambiental otorgada por el Ministerio de
Medio Ambiente o el proceso aún está en evaluación? ¿Habrá estudios de impacto
ambiental con participación pública? ¿Cómo se garantizará el acceso libre y
constitucional a la playa? ¿Qué presión ejercerá un desarrollo de esta escala
sobre el agua, la energía, el saneamiento y las vías de acceso?
Basta con asomarse a las redes sociales para entender por
qué estas preguntas importan. El pueblo de Samaná no está reaccionando desde la
ignorancia ni desde la mala fe. Está reaccionando desde la memoria. Desde lo
que ha visto pasar en otros lugares del país. Desde el temor —legítimo— de
perder lo que todavía siente suyo.
Muchos expresan que Playa Rincón no necesita hoteles ni
“mejoras” que alteren su esencia. Que su belleza está en lo salvaje, en lo
libre, en la posibilidad de llegar sin pedir permiso, de caminar la bahía
completa, de bañarse sin restricciones. Para esas voces, turistificar Rincón es
correr el riesgo de convertirlo en una postal inaccesible.
Otros ponen nombre a ese miedo y lo llaman gentrificación.
Hablan de desplazamiento de familias, de aumento del costo de vida, de pérdida
de identidad cultural, de negocios locales que desaparecen, de comunidades que
terminan observando desde fuera un territorio que ya no pueden habitar. No lo
dicen desde la teoría. Lo dicen desde la experiencia vivida en lugares como
Juanillo, Puerto Bahía o Punta Cana.
Aparecen también recuerdos que pesan. Personas que
cuentan cómo playas que antes eran públicas hoy tienen barreras visibles e
invisibles. Cómo zonas que antes eran de todos ahora están vigiladas, reguladas
o simplemente cerradas para el dominicano común. Uno de los temores más
repetidos es ese: que Rincón deje de ser accesible, que Caño Frío se
privatice, que la playa termine siendo solo para unos pocos.
No todas las voces rechazan el desarrollo. Algunas
preguntan desde otro ángulo. Se cuestiona si el proyecto es realmente nuevo o
si se trata de una idea antigua que nunca se ejecutó por problemas de
financiamiento, de permisos o de propiedad de los terrenos. Otros preguntan,
sin rodeos, a quién pertenecen realmente esas tierras, si hay títulos
claros, si los dueños originales vendieron, si todo está en regla. Son
preguntas incómodas, pero normales en un país donde la historia de la tierra no
siempre ha sido transparente.
También hay quienes defienden el progreso y lo dicen
abiertamente. Plantean que Samaná necesita avanzar, que el aeropuerto requiere
pasajeros para ser rentable, que el desarrollo puede generar empleo y oportunidades.
Para ellos, el problema no es el proyecto en sí, sino el desorden, la
improvisación y la ausencia del Estado como árbitro justo.
Lo que sí parece unir a casi todos es una idea clara: Samaná
no quiere convertirse en otro Bávaro. Tampoco en un Cap Cana. Hay un
consenso emocional —aunque no siempre articulado— de que la península tiene una
identidad distinta, ligada al ecoturismo, a la naturaleza abierta, a la vida
comunitaria, a la historia de un pueblo formado por migrantes, cultura y
mezcla.
En redes sociales, otro punto aparece con fuerza y no
puede ignorarse: la conectividad. Para que un proyecto como Rincón Bay
funcione de verdad y beneficie a la provincia completa, muchos señalan que es
indispensable una conexión eficiente entre el Aeropuerto Internacional de
Samaná y la zona de Playa Rincón, incluyendo una integración real con el Boulevard
del Atlántico. Sin infraestructura pensada para la gente, cualquier
desarrollo corre el riesgo de convertirse en un enclave aislado.
Entre el “sí” y el “no”, lo que emerge con claridad es
una exigencia común: información. Que se explique. Que se muestre el
alcance real del proyecto. Que se aclaren los límites. Que se diga qué es rumor
y qué es realidad. Que se garantice el acceso público. Que se escuche a la
comunidad antes de decidir por ella.
El desarrollo no es enemigo del territorio cuando se hace
con conciencia, datos abiertos y respeto. Pero tampoco puede construirse sobre
el silencio o la ambigüedad. Un proyecto sólido no le teme a las preguntas; al
contrario, se fortalece cuando responde con hechos.
Hoy, más que tomar bandos, lo que corresponde es pedir
claridad. Que las autoridades expliquen. Que los promotores comuniquen. Que la
comunidad participe. Porque Samaná no es un escenario vacío: es un territorio
vivo, con memoria, con gente y con derecho a decidir cómo quiere crecer.
Historias con alma. Textos que permanecen.
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