Por Rafael Enrique Correa
Comunicador y Director de La Revista Chocolate
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) publicó el informe de auditoría correspondiente al Ayuntamiento Municipal de Nagua, abarcando el período 2016–2021. El documento, emitido conforme al artículo 68 de la Ley 18-24, presenta una serie de observaciones administrativas y financieras que deben ser aclaradas dentro de los mecanismos legales que rigen la gestión municipal.
La Cámara de Cuentas no juzga ni condena. Su función es examinar, documentar y rendir cuentas al país sobre el uso de los fondos públicos. Una vez emitido un informe, sus hallazgos se remiten a los organismos correspondientes: Contraloría General, Ministerio Público, Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y demás entidades competentes, para determinar responsabilidades o aplicar correctivos.
El informe de la
Cámara de Cuentas sobre la gestión 2016–2021 detalla los siguientes puntos
principales. Pagos sin documentación de respaldo, nóminas irregulares,
contrataciones sin licitación y la adquisición de cuatro camiones y una
maquinaria pesada en los Estados Unidos a través de proveedores no certificados
por el Estado. También se identificaron pagos duplicados y gastos personales.
Estas
observaciones no implican automáticamente corrupción, pero sí requieren
aclaración y documentación de parte de las autoridades municipales.
Tras la
publicación del informe, el alcalde Junior Peralta ofreció declaraciones
públicas en Trébol 99.3 FM, afirmando que todas las decisiones tomadas en su
gestión se realizaron en beneficio del pueblo y con transparencia. Explicó que
las compras de maquinarias en el extranjero se efectuaron para ahorrar costos y
mejorar los servicios municipales, y que parte de los gastos observados
corresponden a ayudas sociales durante la pandemia del COVID-19, cuando el
cabildo apoyó a familias necesitadas. Peralta también aseguró que no existen
empleados fantasmas y que todos los que figuran en nómina cumplen funciones
reales. El alcalde anunció, además, la creación de una comisión interna de
control y seguimiento administrativo para aplicar las recomendaciones de la
Cámara de Cuentas y reforzar la transparencia en el Ayuntamiento.
En julio de
2025, meses antes de publicar la auditoría correspondiente al período
2016–2021, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana realizó en Nagua una
jornada regional sobre transparencia municipal. En esa actividad participaron
servidores públicos y representantes de distintos ayuntamientos del norte del
país. El objetivo del encuentro fue fortalecer las prácticas de rendición de
cuentas, control interno y cumplimiento normativo, promoviendo la educación
institucional como herramienta de prevención ante futuras irregularidades.
Posteriormente, el 24 de octubre de 2025, la Cámara de Cuentas publicó
oficialmente el informe de auditoría sobre la gestión del Ayuntamiento de
Nagua, cerrando así el ciclo de revisión correspondiente a ese período.
Una vez la
Cámara de Cuentas emite un informe de auditoría, el proceso pasa a una nueva
etapa de revisión institucional. Primero, el documento oficial se entrega a las
entidades competentes para su análisis. Luego, la Contraloría General de la
República puede verificar los registros contables y aplicar las medidas
administrativas que correspondan. Si durante la revisión se identifican
indicios de responsabilidad penal, el Ministerio Público tiene la facultad de
iniciar una investigación formal. Cada una de estas fases debe desarrollarse
conforme a los procedimientos establecidos por la ley, evitando los juicios
mediáticos y garantizando el debido proceso.
Este proceso no
debe verse como un conflicto, sino como un mecanismo de control institucional.
Las auditorías son una práctica normal en democracia, y su objetivo es
garantizar la transparencia y mejorar la gestión pública. El pueblo tiene
derecho a conocer los resultados, pero también la responsabilidad de esperar
las conclusiones oficiales con madurez y sin polarización. En este caso, la
Cámara de Cuentas cumplió su función. El Ayuntamiento debe responder con
documentación. Y las instituciones competentes deberán actuar conforme a lo que
establezca la ley. El resultado final no depende de opiniones, sino de hechos y
de pruebas. Solo así se fortalece la confianza en las instituciones y el
respeto por los recursos del pueblo.
Fuentes:
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